Todas las entradas de : comunicacion bepe

Por Patricia Agosto

La vida no vale nada cuando otros se están matando
Y yo sigo aquí cantando, cual si no pasara nada

La vida no vale nada si ignoro que el asesino
Cogió por otro camino y prepara otra celada

Pablo Milanés, 1995

Foto de portada: Hacer Justicia

Nos toca rememorar los 50 años del golpe cívico-militar-eclesial del 24 de marzo de 1976, en medio de un escenario global que varixs cientistas sociales definen como apocalíptico, de fin del mundo y de la civilización humana, de amenaza de hundimiento y extinción de lo que conocemos. El filósofo surcoreano Chul Han nos advierte que en estos tiempos el miedo nos paraliza y la angustia nos aprisiona y encierra; la vida se ha reducido a la supervivencia, frente a una multitud de crisis que no podemos abordar. El futuro genera pánico porque es incierto y hay demasiados indicios que lo hacen tenebroso. A su vez, las democracias se resquebrajan y si alguna vez creímos que podían sostener ciertos derechos, está lejos de ser así. Como dice el sociólogo Lazzarato, las democracias capitalistas se vuelven fascistas, como lo demuestran los genocidios y las guerras, reconectando así con sus orígenes: nacieron marcadas por el genocidio indígena, la esclavitud y el racismo; y aquí agregamos por el patriarcado. En el mismo sentido, Franco “Bifo” Berardi, nos habla de un “sadismo político organizado”, producto del fin del capitalismo histórico como proyecto racional de la burguesía liberal. Según Bifo, estamos ante un escenario en el que predomina la ley de la fuerza y de la locura, donde se juega sin reglas.

Gaza fue un parteaguas. Para Maurizio Lazzarato, el genocidio en Gaza -y hoy podemos incluir la guerra en Medio Oriente- ha sido atravesado por una narrativa negadora de derechos humanos, del derecho internacional, de la antítesis entre democracia y dictadura; los horrores físicos y mediáticos de ese genocidio se inscribieron en lo “normal”, lo “natural”, lo “evidente” del capitalismo liberal, sin la mediación de los fascistas. «La excepción devino normalidad, el “nunca más” fue completamente borrado y su represión fue proclamada abiertamente», nos dice Lazzarato. A este contexto se suma otro perfil del desprecio por la vida: una avanzada de formas cada vez más extremas de mercantilización de la naturaleza y de ruptura de lazos comunitarios construidos ancestralmente. Entonces, estamos ante un capitalismo con muchos apellidos: colonial, patriarcal, extractivista, fascista, en el que “la vida no vale nada”.  

El escenario nacional no es mucho más alentador. En la Argentina estamos enfrentando recesión económica, retroceso profundo de derechos adquiridos y represión constante a toda expresión de la diferencia frente al oficialismo. Las batallas en las que se ha empeñado la derecha gobernante nos atacan por todos los frentes: trabajo, ambiente, educación y salud pública, seguridad social, cultura, y un aspecto que nos interesa resaltar y que abarca todos esos frentes es el “aniquilamiento” de la otredad. No es un invento de la ultraderecha gobernante por supuesto. La modernidad/colonialidad ha impuesto un sistema de clasificación social jerarquizado racial y sexualmente, en el cual hay identidades sociales y sexuales inferiores -indios, negros, pobres, mujeres, disidencias- y pueblos “otros, no europeos”, que deben ser subalterizadxs e inferiorizadxs.

Este sistema de jerarquización social se mantiene desde hace siglos porque es uno de los sostenes del capitalismo colonial y patriarcal. Y con la llegada del neoliberalismo, la sociedad occidental se volvió más fragmentada e individualista, a partir de la producción de una subjetividad hegemónica que no se piensa a partir del vínculo social ni de la idea de lo común, y que se contrapone a otras subjetividades que luchan contra esas múltiples opresiones y que creen que “ser” es en colectivo.

Desde que las ultraderechas comenzaron a tener protagonismo a nivel global, todo se profundiza. En palabras de Bifo, la mente colectiva colapsa por el predominio de una “psicosis nihilista”. La/el otrx desaparece o se construye como enemigx, al que hay que eliminar, real o simbólicamente. También se profundizan las mentiras y ocultamientos como estrategias políticas de estas ultraderechas en el poder, para intentar convencer a lxs no convencidxs y fogonear a lxs convencidxs.

Este es el contexto internacional y nacional en el cual se cumplen 50 años del inicio de la última dictadura en la Argentina, la más atroz que hemos conocido en estas tierras y en muchas otras. Cuando Lazzarato nos dice que con el genocidio en Gaza se borró y reprimió el “nunca más”, la referencia a nuestra historia es inevitable. Esas dos palabras representan una decisión de gran parte de la sociedad argentina: que no se repita el terrorismo de estado y su metodología criminal, que se apropió de menores, secuestró, torturó, violó, desapareció y asesinó a toda persona incluida en la definición amplísima de subversiva, demostrando a cada paso que “la vida no valía nada”. Y hoy ese amplio porcentaje de la sociedad que defiende la memoria, la verdad y la justicia, avizora un peligro de impunidad.

El gobierno de ultraderecha de la Argentina se ha posicionado claramente en relación al tema: ha expresado un profundo negacionismo que justifica el terrorismo de estado y todas las atrocidades enmarcadas en crímenes de lesa humanidad imprescriptibles. Aproximándose el aniversario número 50 del golpe cívico-militar-eclesial, en los pasillos de los rumores se vuelve a escuchar la palabra indulto. Se prenden las alarmas y nos retrotraemos a los años 1989-1990, cuando el menemismo en el poder indultó a altos y medios mandos militares responsables del terrorismo de estado. En esa oportunidad 500.000 personas llenamos la Plaza de Mayo al grito de “No al indulto”.

Foto: Periódico Acción – Juan Quiles/3Estudio

Hoy pareciera ser un contexto “adecuado” para esa decisión que, según algunos medios, está siendo estudiada en diferentes aspectos: legal, político y comunicacional. Si bien todavía no es una decisión en firme, en caso de que así fuera, el anuncio se haría el 24 de marzo, expresando el negacionismo y golpeando duramente la lucha por la verdad histórica y la memoria colectiva. Este contexto “adecuado” lo es por varias razones. Por un lado, es un momento crítico de la economía argentina, con una recesión cada vez más evidente, y una medida de alto impacto político como los indultos desviaría la atención de esas evidencias recesivas. Por otro, las internas oficialistas son cada vez más abiertas, entre las que se destaca la que protagonizan el presidente y su vicepresidenta; una decisión de indultar militares podría quitarle votos a la vice que, desde la campaña electoral, se convirtió en una defensora acérrima y sin tapujos de los genocidas.   

Además de estas razones, que responden a las lógicas de la política interna, el contexto global, del que hablamos al principio, también es “adecuado”. Se trata de una crisis civilizatoria, con perfil de apocalipsis, que nos hace convivir con miedos paralizantes y augurantes de futuros inciertos, con una avanzada del “capitalismo fascista” que se apoya en un “sadismo político organizado”, atravesado por “la ley de la fuerza y de la locura”, que devenga en genocidios y guerras y en formas extremas de explotación y mercantilización de diversas expresiones de vida. Todo con una premisa: “la vida no vale nada”. La misma premisa del terrorismo de estado, un desprecio extremo por esas vidas “otras”.

A 50 años del golpe, no nos van a convencer de que “la vida no vale nada”. Y si continúan con ese empeño, seremos miles en las calles rechazando un indulto que atenta contra la memoria histórica y la búsqueda de justicia frente a lo que seguiremos llamando terrorismo de estado. 

Por Patricia Agosto

La alusión al título de la novela de Carlos Montero responde a las consecuencias que la reforma laboral va a generar sobre el cuerpo y la vida de las mujeres. Esa “modernización” desordena la vida de lxs trabajadorxs, además de ampliar las formas de explotación y la vulnerabilidad de sus trabajos y sus vidas. Sin embargo, quienes más se verán perjudicadas son las mujeres, no sólo porque vivirán más profundamente sus impactos, sino porque la que podría ser ley no las “ve”. En la infinidad de artículos que posee se ignoran las situaciones que viven las mujeres dentro y fuera de su hogar. No se habla de cuidados y se desconoce que muchas son proveedoras de hogares con frecuencia monoparentales. La reforma las invisibiliza, aunque sean quienes sostienen la vida. Sin embargo, el revés de lo invisible es que sus impactos profundizarán esas desigualdades estructurales que se mantienen ocultas, tanto en la reforma, como en la doctrina libertaria que fue penetrando en parte de la sociedad.

Dos tablas muestran esas desigualdades estructurales. Los datos^[1] corresponden a 2025, especialmente al segundo trimestre:

^[1] Datos extraídos del INDEC, de los primeros resultados de la Encuesta Nacional sobre Consumo Responsable, Hábitos Sustentables y Capital Social, del Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial y Capital Social (CENARSECS) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y del informe 8M en perspectiva económica 2025, del Observatorio de Género del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

7 de cada 10 hogares monoparentales con jefa mujer están por debajo de la línea de la pobreza y 3 de cada 10 bajo la línea de indigencia.

Estas cifras son contundentes y muestran una realidad totalmente desigual. Sin embargo, la situación será mucho peor, ya que el ajuste que implica la reforma laboral recaerá con fuerza sobre las mujeres. Veamos las principales transformaciones que plantea la nueva ley y sus impactos en esa mitad de la población.

La existencia de bancos de horas y la flexibilidad de las jornadas laborales entrega la gestión del tiempo a los empleadores, que definirán los días, la duración y los horarios laborales. Así, el trabajo será acompañado de incertidumbre e imprevisibilidad, como también lo será el tiempo de descanso. Podríamos hablar de “ajenidad laboral”, el tiempo ya no será nuestro, no podremos decidir sobre él y la organización de nuestras vidas ya no estará en nuestras manos. A su vez, la crisis de los cuidados existente -según la encuesta de uso del tiempo, las mujeres dedican 6 horas y 31 minutos diarios a las tareas de cuidado y los varones 3 horas y 40 minutos diarios- se profundizará; tendremos que hacer malabares para saber en qué momentos realizaremos las tareas domésticas y de cuidado, que sabemos que siguen estando mayoritariamente en manos de las mujeres. Y tampoco podremos decidir sobre el tiempo dedicado a otras actividades: formarnos, reunirnos, militar, divertirnos, descansar. No sabremos cuándo será nuestro tiempo libre.

La incertidumbre también acompañará los ingresos familiares, no sólo porque no podemos prever la cantidad de horas trabajadas, sino porque las jornadas laborales se ajustarán a las necesidades de venta y producción de los empleadores y esto sólo lo definen ellos. Además, ya no se pagarán horas extras, que se diluyen en el banco de horas. Esta imprevisibilidad salarial, que necesariamente implicará reducción de ingresos, afectará principalmente a las trabajadoras que, como veíamos en las tablas, tienen trabajos más precarios, de menor jerarquía y más bajos salarios. Así, se ampliará la brecha salarial de género y se profundizará la dependencia económica de las mujeres.

La existencia del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) también impactará más en las mujeres. La quita del 3% de los aportes patronales a las jubilaciones, pensiones, moratorias y la Asignación Universal por Hijo (AUH), que irán a parar al FAL para pagar futuras indemnizaciones por despidos, afectará a quienes tienen las jubilaciones más bajas o que dependen de moratorias para jubilarse, que son las mujeres, las que a su vez reciben mayoritariamente las asignaciones familiares y la AUH -son el 70% de sus titulares-, como consecuencia de la desigualdad en el uso del tiempo que garantiza la reproducción de la vida.

El descanso también se fragmentará, ya que las vacaciones podrán ser fraccionadas en períodos mínimos de 7 días y otorgarse en cualquier momento del año. Serán las mujeres las encargadas de reorganizar la dinámica familiar al ser prácticamente imposible hacer coincidir los periodos de descanso de todos los integrantes de las familias, y más teniendo niñxs en edad escolar.

La salud también se verá afectada con la rebaja del 1% en los aportes patronales a las obras sociales, lo que llevará a que brinden menos servicios y obligará a lxs trabajadorxs a recurrir al quebrantado sistema de salud pública. Este deterioro en los sistemas de salud afectará particularmente a las mujeres, ya sea como trabajadoras de ese sector -en el que son mayoría-, o como las principales encargadas del cuidado familiar, que deberán utilizar más tiempo y energía en gestionar la atención propia y familiar en hospitales al borde del colapso. Este trabajo invisible de sobrecarga de los cuidados relacionados con la salud, también se refleja en la educación. La escolarización de lxs niñxs de las familias trabajadoras también recae sobre las mujeres, las que deberán organizarse a través de múltiples estrategias para afrontar esa tarea en medio de la incertidumbre de las situaciones laborales “reformadas”. Se trata de más trabajo no remunerado en los hogares, claramente feminizado.

Incertidumbre, imprevisibilidad y desorden en el trabajo y en la vida es lo que acompaña a la “flexibilización” de la reforma laboral. Se desordenan el tiempo de trabajo productivo y reproductivo, el salario, los descansos, las futuras jubilaciones; y las mujeres serán las principales afectadas. Sin embargo, hay algo más: la angustia que generan esa incertidumbre, esa imprevisibilidad y ese desorden. Todo se vuelve de una flexibilidad angustiante llena de interrogantes: ¿cuánto vamos a cobrar?, ¿cuándo podremos llevar a nuestrxs hijxs al médicx?, ¿en qué momento podremos descansar o hacer actividades recreativas o cualquiera que sea deseada o elegida? Y serán las mujeres las más angustiadas, porque esta “nueva” flexibilidad se suma a las múltiples brechas de desigualdad estructural que caracterizan al capitalismo patriarcal.

“El desorden que deja” la reforma laboral en los cuerpos y la vida de las mujeres es mucho, demasiado.

Por Patricia Agosto

“Es en el mirar donde el otro, la otra, lo otro aparece.

Y es en la mirada donde eso otro existe. (…)

No sólo importa qué o a quién se mire.

También importa desde dónde se mira.

Y elegir a dónde mirar es también elegir desde dónde. (…)

Depende hacia donde se mire y, sobre todo,

desde dónde se enciende la mirada”.

Subcomandante Insurgente Marcos, febrero de 2013

Reflexiones y normativas que invisibilizan

En una parte importante de las reflexiones sobre extractivismo minero y crisis climática no se miran -en el sentido zapatista- las mujeres; no se analizan las actividades extractivas y sus impactos con perspectiva de género. Se trata de un vacío contenido en el rostro patriarcal del capitalismo extractivista. Y es así a pesar de que las mujeres son las principales víctimas de los impactos del extractivismo y de la crisis climática en los territorios que habitan y de que se las pretende incluir como trabajadoras mineras y energéticas para demostrar que esas actividades se encaminan a superar las desigualdades de género.

Las mujeres no se mencionan en las legislaciones relacionadas con la minería y la energía, ni en la normativa sobre evaluaciones de impacto ambiental y social de los proyectos extractivos, siendo evidente que son las que más sufren las consecuencias ambientales, sociales, económicas y culturales de estos emprendimientos. Se vulneran sus vidas y sus cuerpos, a través del daño a su salud física y mental, los impactos emocionales, la ruptura de los procesos organizativos comunitarios y muchas veces de sus familias, la destrucción de la naturaleza y las diferentes formas de violencia que se ejercen sobre ellas para frenar la rebeldía que alimenta su defensa de la vida y los territorios. Para ellas, el supuesto desarrollo que pretenden imponer con la llegada de un proyecto minero o energético no puede ser tal si con él resquebrajan su ser, su sentir, su saber, su hacer. Destruyen, ni más ni menos, el sentido de la vida y del territorio que las hace “ser”. Saben, desde sus ancestralidades, que la minería y las energías, incluso las llamadas renovables, no son las posibilidades que permiten superar la crisis climática global ni salvar la economía de ninguna región. Y por supuesto, no ignoran -como se pretende desde la sesgada mirada del discurso oficial- que el Buen Vivir, el bienestar y la vida digna es otra cosa. Son alternativas a ese “desarrollo” lo que construyen, entretejiendo los hilos de la historia personal y colectiva con un presente y un futuro que aspiran sea antiextractivista, anticolonial, antipatriarcal y anticapitalista.

Unas de las que se hicieron mirar: mujeres zapatistas

Las mujeres defensoras de sus cuerpos y territorios han aprendido a mirarse y a hacerse mirar a partir de experiencias históricas y de las propias, esas que denuncian las violencias estructurales a que fueron y son sometidas y desde las que sostienen la reproducción de la vida. 

Entre las experiencias de la historia reciente nos interesa destacar la de las mujeres zapatistas, no sólo porque expresaron las violencias históricas que han sufrido las mujeres indígenas en el capitalismo, sino porque han denunciado y se han rebelado frente a las violencias a las que son sometidas en las propias comunidades indígenas.

Las mujeres zapatistas se rebelaron antes que las comunidades zapatistas. En marzo de 1993, casi un año antes de la rebelión zapatista del 1 de enero de 1994, hicieron pública la Ley Revolucionaria de Mujeres, la primera del Sistema de Justicia Autónoma Zapatista. La misma contiene una serie de demandas que refleja la opresión a la que fueron sometidas a partir de la imposición de un orden colonial, patriarcal y racista del proceso de conquista. Sufrieron la recolonización de sus cuerpos como una extensión del territorio conquistado y fueron despojadas de sus tierras, su lengua y su cultura (Barbosa y Rosset, 2023). Sin embargo, esa ley no refleja sólo las opresiones del poder colonial, sino las que se ejercen en las propias comunidades, a través de sus costumbres y sus legislaciones. Se trata de leyes que las encierran en el hogar y les impiden escoger marido, heredar tierras, aprender nuevos conocimientos, participar en las decisiones, todo reflejo del poder patriarcal que mira con “malos ojos” que una mujer indígena se haga promotora o se organice en cooperativas (Millán, 1997). Las demandas que contiene la ley son una interpelación a las comunidades indígenas en aquellos aspectos en los que la tradición y la costumbre se vuelven dominación, desigualdad y maltrato. Se trata de cuestionar las bases del ordenamiento patriarcal comunitario indígena (Millán, 1996). Enumeramos brevemente esas demandas: derecho a participar en la lucha revolucionaria, a trabajar y recibir un salario justo, a decidir el número de hijos que pueden tener, a participar en los asuntos de la comunidad y tener cargo, a la atención primaria de la salud, a la educación, a elegir su pareja y no ser obligada a contraer matrimonio por la fuerza, a no ser golpeada o maltratada físicamente -siendo los delitos de intento de violación o violación castigados severamente-, a ocupar cargos de dirección en la organización y tener grados militares en las fuerzas armadas revolucionarias y todos los derechos y obligaciones que señalan las leyes y reglamentos revolucionarios.[1]

[1] https://enlacezapatista.ezln.org.mx/1993/12/31/ley-revolucionaria-de-mujeres/

Foto de portada: Heriberto Paredes

Lee el informe completo aquí:

Por Patricia Agosto

Mucho se habla de la necesaria “transición energética” para descarbonizar, es decir, reemplazar los combustibles fósiles por otras energías con el fin de reducir las emisiones de carbono. Sin embargo, la transición energética propuesta por el norte global tiene muchas limitaciones para ser considerada una transición. Implica un uso acumulativo de energía, ya que las llamadas “energías limpias” se suman a las tradicionales, como el petróleo, cuyo consumo no sólo se ha mantenido, sino que ha aumentado, tal como lo refleja el siguiente gráfico:

Es por eso que hablamos de acumulación de fuentes de energía, más que de transición hacia “renovables y limpias”.

A su vez, las energías llamadas renovables implican un uso excesivo de minerales, que implica una profundización del extractivismo de materias primas en el sur global, y por ende del colonialismo que ha marcado la tan vigente división internacional del trabajo.

En este sentido, “la Agencia Internacional de la Energía calcula que la extracción global de materias primas deberá multiplicarse por cuatro entre 2020 y 2040. Sin embargo, en el caso del litio se multiplicaría por 42, para el cobalto por 25, para el níquel por 21 y por 19 en el caso del manganeso. Este incremento de la demanda está directamente asociada a las tecnologías de descarbonización -turbinas eólicas, paneles fotovoltaicos, vehículos eléctricos, etc.- Sin embargo, es importante destacar que el incremento viene dado, sobre todo, por la transición hacía la movilidad eléctrica”.[1]

[1] Custodio, Claudia (2024). “Neocolonialismo en nombre de la descarbonización”. En: Revista ELA, Euskal Sindikatua. https://www.ela.eus/alda/neocolonialismo-en-nombre-de-la-descarbonizacion

Descarga el informe compleo aquí:

UN GRITO AMAZÓNICO POR LA JUSTICIA CLIMÁTICA – Por Patricia Agosto

“El futuro sólo puede construirse con la voz de los pueblos”

Cúpula dos Povos

Entre los días 12 y 16 de noviembre, la ciudad de Belém do Pará, la metrópoli de la Amazonía brasileña, fue sede de la Cumbre de los Pueblos, un espacio de encuentro y articulación de organizaciones sociales de buena parte del planeta, que desde 1982 es “un grito de resistencia, un eco de voces silenciadas por la desigualdad”.

Esta cumbre se desarrolló en forma paralela a la 30° Conferencia de las Partes (COP30) de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático (CMNUCC), que culmina el 21 de este mes. Allí, representantes de países firmantes de la convención, organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil, el sector privado y científicxs y expertxs evalúan el progreso en la lucha contra el cambio climático y toman decisiones para mitigarlo y adaptarse a sus impactos. Sin embargo, además de “evaluar” y “tomar decisiones”, principalmente “negocian” la implementación de algunas suaves decisiones -que después no cumplen- para abordar la crisis climática. No sólo siguen hablando de “cambio” climático, sino que proponen falsas soluciones alejadas de las medidas urgentes y necesarias que requiere el colapso climático y multidimensional que enfrentamos. Una parte importante de las propuestas no implican soluciones verdaderas, sino más bien mantener y/o profundizar un proceso de mercantilización de la naturaleza que avanza a pasos agigantados desde hace décadas y que nos ha traído hasta acá. A una semana de su inicio, la COP 30 muestra un estancamiento en los debates claves, dejando el abordaje de los asuntos más complejos para sus últimos días. Entre ellos, la obligación de la financiación del Norte Global, el fin de los combustibles fósiles y la aceleración de la reducción de emisiones, la transparencia en los compromisos climáticos y las medidas unilaterales de comercio. Tendremos que esperar hasta el final de la conferencia para saber si se tomaron decisiones contundentes en esos asuntos claves, aunque sabemos que “del dicho al hecho, hay un largo trecho”.

La otra cara de la moneda fue la Cumbre de los Pueblos, cuyo inicio coincidió con la llegada de flotillas amazónicas de indígenas, campesinxs y organizaciones urbanas y la ocupación de la Zona Azul -la de las negociaciones oficiales- por centenares de pueblos indígenas denunciando el silenciamiento de sus voces en las decisiones climáticas.

Con 25.000 inscripciones y la participación de más de 1000 organizaciones sociales a nivel global, las consignas de la Cumbre de los Pueblos retumbaron en los distintos espacios en que se desplegó: “No esperemos soluciones desde arriba. No son los expertos quienes salvarán el planeta”.  “El cambio real viene de quienes viven la realidad, de quienes conocen la tierra, el territorio y el pulso colectivo del futuro”. Fue, como tantas veces, un grito global por la justicia climática y por una transformación justa y solidaria en la que los pueblos sean protagonistas de las decisiones climáticas.

Desde el Comité organizador de la Cumbre, compuesto por 43 organizaciones, se propusieron seis ejes de convergencia que fueron debatidos durante su desarrollo: territorios y maretorios vivos y soberanía popular; reparación histórica y lucha contra el racismo ambiental; transición justa, popular e inclusiva; contra las opresiones interseccionales, en defensa de la democracia y el internacionalismo de los pueblos; ciudades justas; y feminismo popular. Todos estos ejes fueron atravesados por la convicción de que la llamada transición energética propuesta por el Norte Global, sus corporaciones y estados, no hace más profundizar las actividades extractivas en el Sur Global y por ende la relación desigual y colonial entre ambas partes del mundo.

Culminados los múltiples espacios de debate, el 15 de noviembre la Cumbre de los Pueblos salió a las calles de Belém y protagonizó la Marcha Global por el Clima, en la que participaron 70.000 personas con consignas embanderadas que retomaron esas convicciones: en defensa de la justicia climática, contra el racismo ambiental y por la participación en las decisiones de quienes sienten en sus propias vidas las consecuencias de la crisis climática. Con un protagonismo de los pueblos indígenas amazónicos y de los movimientos sociales del país anfitrión, era posible distinguir la diversidad de voces organizadas de diferentes partes del mundo, prevaleciendo las de América Latina y el Caribe.

El último día, el 16 de noviembre, la Cumbre de los Pueblos entregó la contundente Carta Final al presidente de la COP 30. Allí, son quince las propuestas que develan otro mundo posible: confrontar las falsas soluciones de mercado; que los pueblos participen y protagonicen la construcción de soluciones climáticas, reconociendo el conocimiento ancestral; que se delimiten y protejan las tierras y territorios indígenas y de otros pueblos y comunidades locales; que se implemente una reforma agraria popular y se promocione la agroecología como garantía de la soberanía alimentaria; que se termine con el racismo ambiental y se construyan ciudades justas y periferias dinámicas; que se efectúen la consulta directa, la participación ciudadana y la gestión popular de las políticas climáticas en las ciudades; que se terminen las guerras y se desmilitaricen los territorios; que haya reparaciones justas e íntegras por las pérdidas y daños infligidos a los pueblos por proyectos extractivos; que se visibilicen, valoren y se consideren trabajo las tareas de reproducción de la vida;  que la transición sea justa, soberana y popular; que se ponga fin a la exploración de combustibles fósiles; que las corporaciones y los más ricos paguen los costos de la degradación ambiental; que la financiación climática internacional no se canalice a través de instituciones como el FMI y el Banco Mundial, que profundizan las desigualdades entre el Norte y el Sur;  que se amplíe la protección de defensorxs que están siendo perseguidos, asesinadxs y desaparecidxs; y que se fortalezcan los instrumentos internacionales que defienden los derechos de los pueblos.

Con una exclamación final de “Pueblos del mundo, uníos”, la carta llama a la unificación de nuestras luchas y a la organización de los pueblos para enfrentar al enemigo común.

Culminando con un “banquetazo” en la plaza céntrica de la ciudad y habiendo convertido a Belém en la “capital de la justicia climática”, tal como lo proyectaba el Comité organizador, los caminos transitados en la Cumbre de los Pueblos demostraron que los pueblos dicen NO a los negocios del clima y SÍ a una transformación socioecológica y sistémica que los tenga como protagonistas.    

Foto: Lizbeth Hernández, Kaja Negra

En un exhaustivo trabajo de investigación realizado por nuestra compañera Patricia Agosto, forma parte del Equipo de Extractivismo y Géneros de Be.Pe., se analizan las relaciones entre China y América Latina con un enfoque especial en la minería transnacional. El estudio, llevado a cabo en el marco del proyecto “Fortalecimiento de Comunidades y Organizaciones que Resisten a la Minería Transnacional en Catamarca, Argentina” y en colaboración con el Comité Católico contra el Hambre y para el Desarrollo- Tierra Solidaria (CCFD) busca arrojar luz sobre las implicaciones de las inversiones chinas en el territorio.

La investigación aborda temas como las transiciones desde arriba, los intereses de China en la región y las características de sus inversiones en el extranjero. También explora la mirada del gigante asiático sobre América Latina y cómo estas dinámicas afectan la vida de las comunidades.

Informe completo:

La XXIII Feria Provincial de Intercambio de Semillas Nativas y Criollas se llevó a cabo el sábado 6 de septiembre en la Escuela Secundaria Nº 68 de Medanitos, departamento de Tinogasta, Catamarca.
Organizado por la Asamblea de Campesinos del Abaucán (ACAMPA), FM Horizonte, Be.Pe., y la Escuela Secundaria N°68.
El evento se ha convertido en una tradición de la región como evento productivo y cultural.

En esta edición, la feria contó con la participación de alrededor de 200 productores campesinos/as pertenecientes a comunidades de diferentes localidades del Bolsón de Fiambalá, San Fernando del Valle de Catamarca, Ancasti, Paclín, Fray Mamerto Esquiú, Ambato, Belén y de las provincias de Santiago del Estero, La Rioja y Córdoba, que se reunieron para compartir sus experiencias y saberes de prácticas sobre la producción y el manejo de las semillas.

La Feria de Semillas Nativas y Criollas es más que un simple evento, es un ritual de encuentro que ha tejido lazos fuertes entre los miembros de la comunidad del Bolsón de Fiambalá extendiendo sus raíces a todo el territorio.
La experiencia de intercambio y encuentro es un espacio de resistencia donde se promueve la soberanía alimentaria y fortalece la producción y el consumo de alimentos que van de la tierra directamente a la mesa de cada familia y la preservación de las semillas Nativas y criollas.
Allí se reivindica la importancia de la cultura campesina e indígena resguardando la identidad y la tradición de las comunidades. Es un ejemplo de cómo la comunidad puede unirse para defender su derecho a la alimentación y a la tierra, lo que alimenta la memoria viva de los pueblos donde se celebra y se recuerda su riqueza cultural y su biodiversidad.

La jornada, además contó con un despliegue de números artísticos que incluyeron música y danza, que se inició al mediodía y continuó hasta el cierre del evento. Los/as participantes y asistentes disfrutaron de una variedad de expresiones artísticas que celebraron su identidad y creatividad.

En el lugar se hizo presente el Intendente de Fiambalá, Raúl Usqueda quien destacó la importancia de la realización de la feria para la comunidad.

La importancia y relevancia de este espacio de encuentro y promoción de la agroecología y la biodiversidad fue reconocida mediante declaración de interés parlamentario por la Cámara de Diputados.

Desde la Asociación Civil Be.Pe. nos sentimos orgullos/as y emocionados/as por seguir siendo parte de esta gran labor sosteniendo el valor de la semilla como símbolo de la vida y la memoria colectiva y siempre en manos de los/as productores como semillas de identidad y raíces de la comunidad.

“En el principio fue la semilla.
Raíz de la memoria colectiva, viva.
Alimento de los pueblos.
Donde todo comienza a andar…”

La Red Achalay, una organización comprometida con el hacer y la promoción de la economía social, solidaria y popular en Catamarca, celebró recientemente 20 años de trabajo incansable y dedicado en la provincia, en el marco de la 54ª edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. Este evento, que es uno de los más importantes del país, fue el escenario perfecto para conmemorar dos décadas de una labor autogestiva y colectiva que crece con el paso de los años.

La celebración estuvo marcada por la participación de más de 100 productores y el trabajo conjunto de sus familias locales y de varias provincias del territorio argentino tales como Buenos Aires, Entre Ríos, San Juan, Mendoza, Tucumán y Río Negro, quienes se reunieron para compartir y ofrecer sus experiencias y productos a toda la comunidad. La Red Achalay destacó la importancia de la colaboración y el apoyo mutuo entre las familias y las comunidades en el desarrollo de la economía social y solidaria.

Con una amplia variedad de productos, la red se ha convertido en un emblema del trabajo autogestivo, colectivo, popular y solidario.

Un aspecto destacado de la celebración fue la participación del espacio cultural La Dorila en la gestión del Patio Matero. Esta iniciativa permitió mostrar la riqueza cultural y artística de la región, y fortalecer la conexión entre la economía social y solidaria y la cultura local.

Con más de 100 propuestas artísticas, más de 300 artistas y 75 horas de espectáculo se vivió la gran fiesta de todos.

A lo largo de estos 20 años, la Red Achalay ha desarrollado una amplia gama de iniciativas y proyectos que buscan fortalecer la economía social y solidaria en Catamarca. Su trabajo ha tenido y tiene un impacto significativo en la comunidad, pero sobre todo en las familias que forman parte de ella, generando oportunidades vinculadas al trabajo colectivo.

Desde la Asociación Civil Bienaventurados los Pobres, felicitamos a quienes forman parte de este gran proyecto y queremos decirles nos sentimos orgullosxs y muy emocionadxs de seguir construyendo otra economía juntxs.

El fuego comenzó a arder desde muy temprano. En los hornos de barro que custodiaban la escuela, en la cocina, en cada productxr que iba llegando, en los campesinos y las campesinas guardianas de semillas que fueron armando esta hoguera/hogar que crece con el paso del tiempo y que arde en nosotrxs como motor para seguir andando. Mucho trabajo, mucho. Un enorme trabajo colectivo fue la clave para que sucediera. Docentes, estudiantes, organizaciones, amigxs, compañerxs, más de cien puestos de productos campesinos, de la economía social, solidaria y popular al alcance de toda la comunidad que se acercó a vivir una fiesta única; abrazados al calor del médano y de la común-unión de la identidad, la memoria viva de los pueblos y la convicción cada vez más arraigada de que un mundo mejor es posible. Y no es solo un decir, es un hacer-ser en las comunidades campesinas. Lo vimos y lo vivimos en ese oasis de creencias, lucha y esperanza que ansiamos se propague en cada rincón del universo como una religión que nos permita ese buen vivir que pregonamos en cada acción. Sabemos que estos tiempos son difíciles y la incertidumbre inquieta nuestros corazones pero no vamos a permitir que nos roben la alegría del encuentro, el sentido de comunidad en el que creemos y que seguimos alimentando.

El sábado 7 de septiembre se llevó a cabo la 22° edición de la Feria Provincial de Semillas Nativas y Criollas. El encuentro tuvo lugar en la Escuela Secundaria N° 68 de Medanitos, Tinogasta.

Organizado por la Asociación Campesinos del Abaucán (ACAMPA) y Bienaventurados los Pobres (Be.Pe.), como desde hace 22 años se preparó un encuentro entre feriantes y productores agroecológicos/as de la región y de diferentes provincias del país que estuvo abierto desde las 8 hasta las 18 hs.

Así como en cada oportunidad, los/as diferentes feriantes llevaron sus productos: alimentos, plantas, artesanías, semillas, etc. para ofrecer a lo largo de todo el día.

En el evento se realizó, durante las primeras horas de la mañana, el tradicional trueque que tiene por objetivo principal conservar y multiplicar las semillas. Una vez finalizado este intercambio, se dio inicio a las ventas.

Este encuentro tuvo la mística y la magia del trabajo colectivo creyendo, apostando y confiando en un sueño como la semilla que germina cada año y que sostiene el fuego vivo de la memoria de las comunidades campesinas.

Como decía la Dorila: “¡Hay que luchar! ¡El agua es todo!”

¡Por el agua y por la vida!

Fotos: Daniel Sticotti

Adhesión a la Ley Nacional N° 27.742 – Régimen de Incentivo para grandes inversiones RIGI

Desde fines de la década del 70 del siglo XX, las grandes empresas transnacionales en general y en especial las dedicadas a la industria extractiva vienen siendo beneficiadas por diversas leyes, que se construyeron a su medida. Es el caso de la Ley de Inversiones Mineras (ley 24.196).

Si bien se trata de leyes que flexibilizan y dan beneficios exorbitantes a las empresas transnacionales, el recientemente aprobado Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) supera ampliamente lo que se viene legislando hasta el momento. Se trata de una propuesta obscena, descarada y claramente creada respondiendo a los intereses de corporaciones internacionales mineras e hidrocarburíferas.

Son tales los beneficios otorgados por el RIGI a las megaempresas extranjeras que podemos decir que implica: la entrega de la autonomía de los mal llamados recursos naturales de las provincias; un pase libre para que las empresas sigan beneficiándose a costa del uso exorbitante de agua, de la contaminación ambiente y de la destrucción de ecosistemas y modos de vida; y la renuncia del ejercicio de control sobre las empresas por parte de distintas instancias del estado.   

Requisitos del RIGI, más para el estado que para las empresas

Sería lógico pensar que este régimen establece claros requisitos para que las grandes inversiones sean incluidas en sus beneficios. Sin embargo, no es así. Más que requisitos para las empresas, el RIGI establece una serie de obligaciones del estado para facilitar y otorgar esos beneficios.

Desenmascaremos algunos de los mecanismos que favorecen indiscutiblemente a las grandes inversiones. El artículo 14 establece que: “la Autoridad de Aplicación contará con un plazo máximo de 45 días corridos para expedirse aprobándolos o rechazándolos”. Se refiere a la solicitud de adhesión al régimen y al plan de inversión que se tienen en cuenta en el procedimiento de evaluación. Claramente el período de tiempo establecido es demasiado corto para hacer posible una evaluación detallada del proyecto.

Además, las evaluaciones y requisitos planteados en los primeros capítulos del RIGI no establecen ningún tipo de control o evaluación sobre el impacto ambiental del proyecto ni controles sobre las condiciones de contratación de lxs futurxs trabajadorxs, como tampoco la obligación de contratación de mano de obra local.

Es interesante analizar en qué casos las empresas quedan excluidas del acceso al régimen. Que hayan tenido sanciones ambientales, sentencias por violaciones de derechos humanos, violaciones de derechos laborales, no son motivos para quedar fuera del régimen. Sólo lo son que las empresas hayan tenido sentencias penales (ley de responsabilidad penal, 27401), se hayan declarado en quiebra previamente o tengan alguna sentencia por denuncia de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos).

Beneficios con lupa

Partimos de que se trata de beneficios obscenos e injustos.

Por un lado, implica una clara apuesta a la extranjerización y la primarización de la economía argentina. Y esa apuesta representa una injusticia en dos sentidos: en el pago de impuestos por parte de las empresas; y en la apertura privilegiada del ingreso de insumos del extranjero, en cuyas cadenas de valor estas grandes empresas suelen tener participación.

Por otro lado, se les permite a las empresas exportar el 100 por ciento de lo que extraen, sin obligarlas a dar valor agregado al “recurso” en la Argentina y obviando las necesidades de ese “recurso” a nivel local.

Entre los beneficios podemos destacar:

• Impuesto a las ganancias: alícuota reducida del 25%. Régimen especial de amortización acelerada que le permitirá a las empresas evadir “legalmente” el impuesto de manera escalonada, mediante diversos conceptos: impuesto sobre los débitos y créditos de sus cuentas bancarias, pérdidas o intereses por diferencias de cambio.
• Impuesto al valor agregado: facilidades de cancelar el IVA (incluidas las percepciones) a partir de la facturación de proveedores o a la AFIP a través de la entrega de Certificados de Crédito Fiscal, sobre los cuales tienen libre disponibilidad.
• Exención de derechos de importación: las empresas incluidas en el RIGI podrán importar libremente todo tipo de bienes de capital e insumos, ya sean nuevos o usados, prácticamente sin control (imposible de ejercer en los plazos establecidos) y sin pagar ningún tipo de tasa.
• Exención de derechos de exportación: las empresas adheridas al RIGI podrán exportar libremente sin pagar ningún tributo, luego de transcurridos 3 años contados desde la fecha de adhesión. Cabe destacar que las operaciones extractivas por lo general inician el proceso de exportación luego de entre 2 a 4 años de construcción de la infraestructura; es decir, nunca pagarán derechos de exportación.
• Estabilidad fiscal y derechos adquiridos. Todos estos beneficios que otorga el RIGI se encuentran blindados por 30 años, periodo en el cual no se les puede cobrar a las empresas un porcentaje mayor de un impuesto ni ningún tipo de impuesto nuevo. Sólo deberán hacer frente a la alícuota del IVA y los aportes y contribuciones de la seguridad social. Así, la estabilidad fiscal impide cualquier tipo de limitación o cercenamiento -directo o indirecto- de los beneficios otorgados por el RIGI.

Resolución externa de conflictos

Otro de los puntos gravísimos que contiene este Régimen es el tema del arbitraje y la resolución de conflictos legales que pudieran tener las empresas adheridas, ya sea con particulares o algunos de los estamentos del Estado. Esos conflictos serán resueltos bajo los términos de la Cámara de Comercio Internacional y el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones). Este centro, con sede en Washington, fue creado por el Banco Mundial con el objeto de blindar las inversiones de las potencias mundiales. Claramente, en los conflictos que pudieran suscitarse entre empresas y estados, el CIADI acumula una larga historia de arreglos favorables a empresas contra los estados.

Provincias sin autonomía

En su último capítulo, el RIGI establece prácticamente la pérdida total de la autonomía de las provincias. Aquellas que adhieran a este Régimen tienen prohibido incorporar algún tipo de canon o impuesto distinto a los establecidos en esta ley. Además, la propia ley posibilita que las empresas soliciten al Estado Nacional la suspensión preventiva de fondos coparticipables por un monto equivalente a algún “impuesto indebido” que se les haya cobrado, hasta tanto se resuelva la situación.

Letra muerta

Todos los enunciados incorporados en el RIGI que se refieren a un futuro prometedor son letra muerta, es decir son sólo discurso. Los pueblos saben que las grandes inversiones a las que el régimen considera “de interés nacional, conducentes a la prosperidad del país y promotoras del desarrollo económico, de la competitividad, del aumento de las exportaciones y de la creación de empleo”, no generan eso. Siglos de extractivismo demuestran lo contrario: beneficios extremos para empresas, destrucción de medios de vida y pobreza para las comunidades; y en el medio, las distintas instancias estatales que sólo se preocupan por tejer cada vez más estrechamente alianzas estratégicas con el capital.