Bajo la premisa de la «inviolabilidad de la propiedad privada», una serie de reformas normativas buscan reconfigurar de manera integral la regulación del territorio nacional. La iniciativa abarca desde modificaciones clave al Código Civil y la Ley de Expropiaciones, hasta la flexibilización profunda de la Ley de Protección a las Tierras Rurales y la Ley de Manejo del Fuego.
A continuación, un desglose punto por punto de las modificaciones propuestas, sus trampas normativas y sus posibles consecuencias territoriales, ambientales y sociales.
1. Modificaciones a la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego
Flexibilización en la Ley de Protección a las Tierras Rurales
- Límites a la propiedad extranjera: Se elimina la prohibición de superar los topes de extensión por titular y el límite de nacionalidad (30%) dentro del cupo global. Asimismo, se suprimen la restricción de 1.000 hectáreas en la zona núcleo agrícola y las limitaciones sobre tierras ribereñas o adyacentes a cuerpos de agua.
- Reducción de controles e información: Se disminuyen los requisitos de registro de datos sobre compradores extranjeros, dificultando la trazabilidad de los titulares reales.
- Prohibiciones específicas: Se mantiene la restricción para que estados extranjeros o entidades con participación estatal adquieran la titularidad o posesión de tierras rurales.
- Traspaso de competencias: Se delega en las administraciones provinciales la potestad de instrumentar restricciones adicionales.
La trampa de las modificaciones de «último momento»
Aunque se propuso un aumento del límite global de tierras rurales en manos extranjeras del 15% al 25% a nivel nacional y provincial, el cambio esconde una grieta normativa:
- Falta de tope departamental: Al eliminar o prescindir de límites a nivel departamental, los distritos que ya superan ampliamente el 15% o 25% de extranjerización (coincidentemente zonas ricas en minerales críticos, hidrocarburos o recursos hídricos) no tendrán impedimentos para continuar vendiendo suelo, siempre que el promedio provincial o nacional se mantenga por debajo del tope global.
- Zonas de frontera y cursos de agua: Se habilita la compra en zonas de frontera mediante autorización previa del Poder Ejecutivo y las provincias, al tiempo que se mantiene libre la adquisición junto a nacientes y espejos de agua.
Eliminación de restricciones en la Ley de Manejo del Fuego
- Cambio de uso de suelo: Se remueve la prohibición de 60 años para cambiar el uso del suelo tras incendios en áreas protegidas, humedales, bosques nativos y vegetación general.
- Desarrollos e inmuebles: Se elimina la restricción de 30 años para emprendimientos inmobiliarios o explotaciones agropecuarias post-incendio en áreas rurales fuera del ejido urbano.
2. Desalojos exprés y expropiaciones
- Desalojos agilizados: Modificaciones al Código Civil para agilizar trámites de desalojo.
- Expropiación restrictiva: Limitación de las facultades del Estado para declarar bienes de utilidad pública o gestionar el suelo con fines sociales o de desarrollo estratégico.
3. ¿A quiénes beneficia este marco normativo?
La desregulación apunta a favorecer la entrada de capitales trasnacionales y fondos de inversión globales. Entre los beneficiarios destacan iniciativas vinculadas al modelo de «ciudades chárter» (o ciudades de vanguardia), impulsadas por fondos de capital de riesgo como Pronomos Capital —fundado por Patri Friedman y respaldado por inversores tecnológicos como Peter Thiel—. Estos proyectos buscan establecer enclaves territoriales con gobernanza propia y al margen de la legislación ambiental y laboral del Estado nacional.
Este esquema cobra sentido al analizarse en conjunto con otras medidas del entramado legislativo:
- La derogación o no prórroga de la Ley 26.160 (emergencia territorial indígena).
- Reformas a la Ley de Glaciares.
- El impulso al RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones).
- La creación de la Unidad de Seguridad Productiva.
4. Consecuencias previstas
- Aumento del despojo y la conflictividad social: Agravamiento de los desalojos de familias campesinas y comunidades originarias de sus territorios ancestrales.
- Extranjerización de recursos estratégicos: Mayor concentración de la propiedad rural en áreas críticas con acuíferos, minerales y biodiversidad.
- Debilitamiento de la soberanía estatal: Disminución de las capacidades del Estado para planificar el territorio, preservar áreas protegidas y regular los recursos naturales.
- Presión sobre el precio de la tierra: Incremento exponencial del valor monetario del suelo en zonas productivas y mineras, desplazando economías regionales.
«La tierra no se vende, no se quema ni se desaloja: se defiende».