Artículo de la Asociación Be.Pe. para https://yestolifenotomining.org/es/
Con frecuencia escuchamos hablar de que la “transición energética” es imperiosamente necesaria para reemplazar los combustibles fósiles por otras fuentes de energía que permitan reducir las emisiones de carbono, es decir, para descarbonizar la economía global. Sin embargo, esa “transición energética” no contiene las voces de buena parte de la población mundial, sino que es una propuesta del norte global, el principal responsable de que el planeta esté atravesando una crisis multidimensional sin precedentes. Además, esa propuesta tiene muchas limitaciones para ser considerada una transición, ya que implica un uso acumulativo de fuentes de energía. Las llamadas “energías renovables” se suman a las fuentes tradicionales, como lo demuestra el aumento en el consumo de petróleo a nivel mundial. De allí que hablemos de acumulación de fuentes de energía, más que de transición hacia “renovables y limpias”. Se trata entonces de falsas soluciones a la crisis climática, que implican una profundización de la extracción de materias primas en el sur global y, por ende, del colonialismo que ha marcado la tan vigente división internacional del trabajo. No hay ninguna propuesta de romper las lógicas capitalistas de acumulación ni el modo de vida imperial, por ende, no es más que capitalismo vestido de verde.
La llamada transición energética requiere, además, de enormes cantidades de minerales críticos, no sólo para las energías “renovables”, sino también para la fabricación de vehículos eléctricos, baterías, dispositivos móviles y digitales e industria bélica. Estos minerales -entre los que se destacan el litio, el grafito, el cobalto, el níquel, el manganeso y las tierras raras- son críticos o estratégicos por ser considerados esenciales para la seguridad económica y la defensa, y por tener cadenas de suministros vulnerables a interrupciones. Un dato importante en relación con estos minerales es el predominio de China tanto en la cadena de suministro como en el procesamiento y la fabricación de baterías, vehículos eléctricos y plantas eólicas y solares, que llevó a que países del norte global, principalmente la Unión Europea y Estados Unidos, desplegaran diversas estrategias para garantizar y diversificar el suministro, buscando romper la dependencia de “proveedores únicos”, es decir, del gigante asiático.
Si nos enfocamos en la Argentina, el mineral estratégico más destacado es el litio. La inclusión del país en el llamado “triángulo del litio” -junto con Bolivia y Chile- lo posiciona como uno de los principales extractores de ese mineral, considerado desde los poderes políticos como uno de los medios fundamentales de recaudación de divisas para engrosar las famélicas reservas del tesoro nacional. Esta consideración omite, por supuesto, los impactos irreversibles que la extracción de litio genera en ecosistemas muy frágiles y en los medios y modos de vida ancestrales.
La apuesta por la extracción de este mineral ha llevado a la Argentina a constituir la Mesa Nacional del Litio en 2021 entre tres provincias del norte del país, Catamarca, Salta y Jujuy, a las que se sumó el gobierno nacional, con el propósito de trabajar conjuntamente en su extracción y procesamiento. De esta manera, minerales críticos como el litio, y también el cobre, se convirtieron desde la mirada hegemónica en ejes claves para el “desarrollo” del país. Sin embargo, los pueblos saben que lo que ofrece la extracción minera no es desarrollo, sino destrucción de las posibilidades de reproducción de la vida.
La apuesta del gobierno de ultraderecha por la profundización de los proyectos extractivos en el país se evidencia con la aprobación del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), que otorga grandes beneficios a las corporaciones, principalmente extractivas, como reducción de impuestos y estabilidad fiscal por 30 años.
Si acercamos más el foco a la provincia de Catamarca, veremos que viene de una larga historia “minera”. El proyecto Alumbrera -primera explotación a cielo abierto del país, de cobre, oro y molibdeno ubicado en Belén- y la explotación de litio en el Salar del Hombre Muerto en Antofagasta de la Sierra, datan de 1997. El balance de casi 30 años de extracción nos muestra impactos profundamente negativos: en el norte de la provincia el litio secó un río, vital para las comunidades allí asentadas; y a su vez, la provincia nunca alcanzó el añorado desarrollo a través de la minería; muy por el contrario, luego de décadas sigue siendo una de las provincias más pobres del país. Tampoco se ha logrado la licencia social que buscan las empresas y pretenden los gobiernos. La resistencia al proyecto MARA (Minera Alumbrera Agua Rica), encabezada por la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá, es una clara muestra de que la minería no tiene licencia social. La respuesta del gobierno y las empresas ante la resistencia ha sido desde hace décadas la persecución, la judicialización y la represión de esas voces opositoras.
En la última década y ante el boom de la extracción de litio “necesario para la transición”, el gobierno de Catamarca se ha empeñado en profundizar el adjetivo de “minera” al referirse a la provincia. Entre los muchos proyectos de extracción de ese mineral, se encuentra Tres Quebradas, en manos de la empresa china Zijin Mining y su subsidiaria Liex S.A., que opera en el salar del mismo nombre y posee la planta de procesamiento en el ingreso al municipio de Fiambalá, departamento de Tinogasta. Este proyecto, que entró en producción en 2025, se encuentra emplazado en el sitio de lagunas altoandinas y puneñas de Catamarca, reconocido bajo el Convenio Ramsar. Se trata de ecosistemas muy frágiles que ya están sufriendo los impactos de la extracción de salmuera de las lagunas, entre ellos desequilibrios hídricos, secado de humedales, descenso en el nivel de las lagunas, alteración del hábitat de la fauna y amenaza al pastoreo y la agricultura de comunidades que allí habitan.
Desde el punto de vista de los impactos sociales destacamos, a partir de la experiencia de Zijin, las formas diferentes de asentarse en el territorio de las empresas chinas, en comparación con corporaciones de otro origen. La penetración en la comunidad es muy fuerte y se traduce en injerencia político-social e invasión cultural, a través de la organización de eventos socio culturales, torneos, competencias deportivas y celebraciones, de convenios con instituciones educativas, del reemplazo del estado en muchas de sus funciones sociales, de la participación en instancias propias del poder político -como la apertura de las sesiones legislativas provinciales- y de la imposición de una presencia avasalladora de elementos culturales chinos.
Fotos de Be.Pe.: Carteles de «greenwashing» de Zijin Mining en Fianbalá, Argentina
A medida que la presencia de la empresa fue más abrumadora, se fue instalando en la población la idea de que se podía acudir a ella para satisfacer algunas necesidades, por ejemplo, conseguir materiales de construcción, camisetas para los clubes, elementos didácticos para las escuelas, insumos para hospitales.
Si bien las expectativas generadas por la presencia de la empresa en el territorio fueron muy grandes desde su instalación en 2016, varios conflictos y un corrimiento de la propia empresa comenzaron a atentar contra esas expectativas de una parte de la población. La ilusión de “progreso” fue sustituida por frustraciones ancladas en la demostración de que el “desarrollo” no vendría por ahí. Entre los conflictos merecen destacarse paros y cortes de ruta de trabajadores denunciando maltrato laboral y en reclamo de mejoras de las condiciones de trabajo y de aumento salarial, denuncias de violencia sexual y de abuso cometido por un trabajador de la empresa contra una empleada, reclamo por deudas a proveedores locales. El malestar social generado por estos conflictos y denuncias y el corrimiento de la empresa que, una vez instalada, limitó considerablemente el apoyo a proyectos comunitarios encuadrados en la responsabilidad social corporativa, llevó a un derrumbe gradual de las expectativas de mejoras en las condiciones de vida de la población local.
Sin embargo, no toda la población fiambalense estuvo convencida desde la instalación de la empresa de que con ella llegaría el anhelado desarrollo. La Asamblea Fiambalá Despierta viene denunciando desde 2016 que la minería, cualquiera sea, es sinónimo de destrucción de modos de vida y territorios. Las integrantes de la asamblea, en su mayoría mujeres, y las comunidades campesinas que habitan las localidades cercanas a Fiambalá saben que el “desarrollo” es otra cosa: defender las producciones agroecológicas, preservar e intercambiar las semillas nativas y criollas y no dejarse engañar con nuevos espejitos de colores que acompañan a las propuestas de transición energética del norte global. Sabemos muy bien lo que significa el saqueo y la destrucción de los bienes comunes. La historia es nuestra principal testigo.
Foto de BePe: Feria de semillas en Catamarca, que promueve las alternativas a la minería que ya existen, semillas que sustentan la vida
Referencias:
1. https://www.iea.org/data-and-statistics
2. Algunas de las protestas de vecinos y ecologistas contra la empresa, así como las denuncias sobre las malas condiciones laborales y la violencia que sufren las mujeres que trabajan allí, quedan documentadas en las siguientes entradas: